Ante esto, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar el registro a quienes no cumplan con el requisito constitucional de probidad.

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Fernández Noroña, reconoció que el sistema de selección de aspirantes a cargos en el Poder Judicial ha permitido la postulación de perfiles vinculados con el narcotráfico.

“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos… sí hemos detectado defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder”.

Afirmó Fernández Noroña, quien responsabilizó principalmente al Poder Judicial, aunque admitió que también hay implicados del Poder Legislativo.

Organizaciones como Defensorxs y Laboratorio Electoral han documentado casos alarmantes.

Fernando Escamilla, aspirante a juez federal en Nuevo León, ha defendido a líderes de Los Zetas.

Silvia Delgado, candidata a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Otros perfiles cuestionables incluyen a Humberto Padilla Briones, detenido con drogas y un arma.

César Gutiérrez Priego, defensor del general Gutiérrez Rebollo; y Francisco Herrera Franco, exfiscal relacionado con el crimen organizado.

En respuesta, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, recordó que la revisión inicial fue realizada por el Senado y que, tras las elecciones, corresponde a la Cámara Alta y al Tribunal Electoral verificar si los ganadores cumplen con los requisitos.

Fernández Noroña criticó que se espere hasta después de las votaciones para actuar y aseguró que no se impugnará el acuerdo del INE, aunque consideró que este llegó tarde. “No deberían esperar a que haya terminado la elección”, insistió.

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Sheinbaum aseguró que desde el miércoles 9 de abril se presentó a las autoridades estadounidenses una propuesta integral para resolver la situación, enfocada en facilitar el envío de agua a Texas, estado que Trump alega tiene una deuda pendiente de 1.3 millones de acres de suministro por parte de México.

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Trump amenazó con más sanciones y aranceles si México no cumple con lo estipulado en el acuerdo binacional

“Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países”, expresó la mandataria.

Además, la presidenta instruyó a las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores a establecer contacto directo con autoridades estadounidenses para evitar una escalada en el conflicto bilateral.

Por su parte, Trump, a través de su red Truth Social, acusó que el incumplimiento mexicano perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas, al punto de provocar el cierre del único ingenio azucarero en ese estado.

El mandatario amenazó con más sanciones y aranceles si México no cumple con lo estipulado en el acuerdo binacional.

Sheinbaum reiteró su compromiso con la cooperación internacional y confió en que, como en ocasiones anteriores, se logrará un acuerdo que beneficie a ambas naciones. 

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En conferencia de prensa, el funcionario destacó la detención de más de 17 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto, así como la destrucción de 758 narcolaboratorios clandestinos en 17 estados del país.

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Tan solo en Sinaloa, se han desmantelado 65 centros de elaboración

“Estos laboratorios destruidos representan pérdidas millonarias para las organizaciones criminales. Estamos atacando directamente su capacidad operativa”, subrayó Harfuch.

Los aseguramientos incluyeron más de 965 mil litros de metanfetamina, 223 mil kilos de precursores químicos y cientos de equipos como reactores, condensadores y destiladores.

Las acciones se concentraron en entidades como Sinaloa —donde se desmantelaron 65 centros de elaboración— y Baja California, donde se aseguraron dos laboratorios con más de tres millones de artículos de contrabando.

Además, fueron confiscadas 140 toneladas de drogas, incluidos más de mil 400 kilos de fentanilo y dos millones de pastillas del potente opioide sintético.

En cuanto al combate al tráfico de armas en la Frontera Norte, entre el 5 de febrero y el 6 de abril se aseguraron casi dos mil armas de fuego, más de 321 mil cartuchos y más de 26 toneladas de estupefacientes.

El secretario también reportó una reducción del 14% en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.90 en septiembre de 2024 a 74.74 en marzo de 2025. Sin embargo, señaló que Guanajuato continúa como el estado más violento, con mil 930 homicidios en seis meses.

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Cansados de la espera y la falta de agua bajo el sol, los afectados rompieron el cerco de seguridad de la Fiscalía Estatal e ingresaron al lugar. Dentro del rancho, hallaron habitaciones ordenadas, baños limpios y un sendero delimitado por cintas de restricción, lo que reforzó su percepción de que el sitio había sido alterado antes de su llegada.

El recorrido reveló una finca de dos plantas con ventanas rotas y cinta adhesiva en su fachada, un cuarto amplio sin puertas ni ventanas y un área de cocina con electrodomésticos intactos y escasa evidencia de actividad reciente. También encontraron una zona de entrenamiento con llantas y un baño dividido en tres pequeños espacios sin puertas. Al fondo del predio, un cuarto blanco con tejaban y bardas deterioradas completaba el paisaje de abandono.

Pese a la aparente limpieza del lugar, las familias encontraron indicios que las autoridades pasaron por alto, como calcetines y otros objetos. Ante esto, exigieron una nueva revisión en la que colectivos de búsqueda pudieran participar activamente. Una de las madres buscadoras detectó una posible fosa clandestina al golpear el suelo y notar que estaba hueco, lo que aumentó las sospechas de que la investigación oficial había sido insuficiente.

Tras este recorrido lleno de llanto y frustración, las familias se retiraron con el mismo sentimiento de impotencia con el que llegaron. Mientras tanto, la FGR recibió el expediente del caso y evaluará si asume la investigación del rancho, señalado como un presunto centro de adiestramiento del crimen organizado. Las familias, sin embargo, siguen esperando respuestas y justicia.

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Las víctimas del accidente, entre las que se encuentran niños y niñas, fueron trasladadas por el Frente Unido de Comunidades de Oaxaca (FUCO), organización liderada por Antonino Morales, la cual contrató el servicio del autobús a la empresa Fletes y Pasajes (PyPSA). Esto ha generado una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad del senador en la logística del traslado y las condiciones del viaje.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas

Morales Toledo, originario de San Blas Atempa, Oaxaca, ha tenido una carrera política destacada dentro de Morena. Ha sido presidente municipal de su localidad en dos ocasiones, diputado federal suplente y titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Actualmente, se desempeña como senador.

El accidente ha generado una ola de reacciones, incluyendo la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Durante su conferencia de prensa matutina del 11 de marzo, Sheinbaum señaló que el gobierno federal está brindando apoyo a los afectados y que un equipo de trabajo ha sido enviado a Oaxaca para atender la situación. El gobernador del estado, Salomón Jara, también se ha mantenido al tanto del caso.

El accidente ocurrió en el kilómetro 83 + 200 de la carretera Mitla-Tehuantepec, cerca de la comunidad de Santo Domingo Narro. La volcadura del autobús ha puesto en evidencia posibles fallas en la seguridad y contratación del transporte para eventos políticos, lo que podría derivar en una investigación sobre las responsabilidades tanto de la empresa transportista como de los organizadores del viaje.

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