Un nuevo frente de tensión se abre en México con la iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El proyecto plantea el regreso del control del espectro radioeléctrico al Ejecutivo, eliminando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otorgando amplias facultades a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
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Miembros de la oposición han indicado que la Ley de Telecomunicaciones refleja una intención autoritaria de controlar la narrativa pública y restringir la libertad digital
La propuesta, que incluye la posibilidad de bloquear plataformas digitales, ha desatado un encendido debate político y mediático.
La oposición ha encendido las alarmas al considerar que el artículo 109 de la propuesta abre la puerta a la censura.
Este establece que la ATDT podrá suspender temporalmente plataformas digitales por “incumplimiento de normativas”, sin especificar causales claras ni el tipo de servicios afectados.
Para críticos como Ricardo Anaya (PAN) y Alejandra Barrales (MC), el proyecto refleja una intención autoritaria de controlar la narrativa pública y restringir la libertad digital.
Sheinbaum ha negado rotundamente que la iniciativa busque censurar contenidos, señalando que los bloqueos solo procederían por razones de seguridad nacional o fiscales.
Ha pedido al Senado modificar la redacción del artículo polémico, pero las dudas persisten. Mientras tanto, concesionarios como Televisa y TV Azteca han mostrado su rechazo, señalando que la reforma busca sancionarlos con severidad, especialmente tras la transmisión de propaganda extranjera, como la campaña antiinmigrante de Trump.
Analistas como Gabriel Sosa señalan que el control gubernamental del espectro no es necesariamente negativo, sino una forma de poner límites al poder de los grandes medios.
Aun así, la falta de claridad en la ley ha generado un clima de desconfianza que amenaza con frenar su aprobación antes del cierre del periodo legislativo el 30 de abril.
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